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Una presión fiscal por habitante, es decir, cuánto paga cada habitante
en Cieza en tributos al Ayuntamiento anualmente, que se sitúa casi 200 euros
por debajo de la media de los municipios de la Región de Murcia.
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Endeudamiento por habitante
situado en 245.13 euros, muy alejado de los 940.00 euros de Calasparra o los
1300.00 euros de Beniel, ambos municipios gobernados por socialistas.
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Cieza se situaba como el
municipio de la Región de Murcia con mejor capacidad de financiación.
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Un periodo medio de pago a proveedores situado en 18 días y en
posteriores informes siempre por debajo del límite de 30 días.
Todos ellos últimos datos
publicados por el Ministerio de Hacienda, que han sido explicados para ofrecer
mayor información a los ciezanos, y poner punto y final a las mentiras y
tácticas de confusión que el Tripartito, utilizando a Podemos como portavoz,
viene realizando desde que gobierna.
Y
es que si fue el concejal socialista de Hacienda el que tuvo que confirmar en
declaraciones publicadas en El Mirador de Cieza en julio pasado que la
situación económica del Ayuntamiento de Cieza era buena, si el propia Alcalde
Lucas tuvo que corregir a su socio de gobierno, el concejal de IU Francisco
Saorín, cuando en pleno hablaba de un ayuntamiento excesivamente endeudado, es
ahora a Podemos a quien se le acaba el mensaje falso y de la mentira de “arcas
vacías”, momento a partir del cual recomendamos que se pongan a trabajar por y
para Cieza, abandonen el discurso demagogo en sus intervenciones y se informen
de un asunto crucial para los ciezanos, como es la sentencia sobre la
expropiación de los terrenos del V6, derivada de la nefasta política urbanística de gobiernos
socialistas.
Estamos
desde el Grupo Municipal Popular convencidos de que el Partido Popular es el
único partido que ha adoptado una verdadera actitud responsable de gobierno
allí donde le han permitido gobernar y se aleja de posicionamientos partidistas
que buscan más un rédito electoral que el bienestar de la población, como queda
reflejado en el bloqueo del documento técnico de techo de gasto de la Región de
Murcia, que impide el legítimo derecho de presentar y debatir en la Asamblea
Regional los presupuestos regionales, documento indispensable para la
prosperidad y el bienestar de todos los murcianos.